Con año y medio de retraso sobre el calendario fijado por la Comisión Europea, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto 56/2016 que impulsa la eficiencia energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Este Real Decreto transpone parcialmente Directiva 2012/27/UE contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la Unión Europea a en materia de ahorro energético.

En el proceso de la mejora del parque inmobiliario del sector residencial, el administrador de fincas es la pieza de interlocución entre la comunidad de propietarios y los agentes intervinientes del sector necesarios para realizar la intervención o el mantenimiento del edificio.

El certificado energético de viviendas sigue siendo un documento desconocido, o incluso temido, por la mayor parte de los ciudadanos. Obligatorio desde el 1 junio del año 2013 en el caso de ir a vender o alquilar una vivienda, este certificado es considerado por muchos como una tasa más, obviando las ventajas que disponer de él y entender su contenido conllevan.

El certificado energético incluye una etiqueta, en cierta manera análoga a la empleada en los electrodomésticos, que especifica en una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de emisiones globales de CO₂ derivadas del uso normal de la vivienda, siendo el indicador utilizado los kilogramos de CO₂ divididos por los metros cuadrados del inmueble (kg CO2/m2 al año).

Una de las barreras identificadas en el marco de la rehabilitación del parque inmobiliario en el sector residencial es la herramienta financiera, definida como la estructura económica necesaria para abordar el importe de la intervención en el edificio por los propietarios de las viviendas.

El Plan Estatal 2013-2014 del Ministerio de Fomento, el programa PAREER gestionado por el IDAE, programas autonómicos o municipales de incentivos a la rehabilitación, cubren un porcentaje que podemos considerar en el entorno del 25-30%. La intervención en el edificio con criterios de mejora en la demanda energética implica la reducción de los costes energéticos por lo que podemos calcular el importe de estos ahorros durante un periodo de tiempo a un tipo de interés, este valor cubrirá un porcentaje de 35 % del valor de la intervención. Nos enfrentamos al primer problema:

¿Cómo cubrimos el gap?

Fundación ONCE y Vía Libre con la colaboración de CERMI acaban de publicar el Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013 dirigido por Jesús Hernández Galán. El análisis de la accesibilidad del parque de viviendas familiares españolas de uso principal es esencial a la hora de comprender los factores que la están condicionando. Solo así se podrán emitir las oportunas recomendaciones y posteriormente realizar las mediciones que evalúen el cumplimiento de los objetivos planteados. Los datos de accesibilidad en las viviendas en España no pueden ser más desalentadores. Solo un 2% cumple la normativa. Los defectos se concentran en ascensores, garajes, zonas de aparcamiento y zonas de uso común. La propia vivienda el espacio más accesible de todos los elementos analizados.