A partir del próximo 1 de enero de 2016 el Ministerio de Hacienda permitirá a los ayuntamientos rebajar hasta un 20% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios que sean más eficientes en términos energéticos.

La enmienda que hará esto posible será presentada a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 en el Senado y modifica la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por ella las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos podrán regular una bonificación sobre la cuota íntegra del IBI de naturaleza urbana. Los inmuebles más eficientes tendrán una mayor rebaja y los menos eficientes o no calificados, una menor o nula bonificación.

En las pasadas elecciones, los principales partidos candidatos a las alcaldías y a la gerencia de las autonomías incluyeron en sus propuestas actuaciones para mejorar la eficiencia energética. Semanas atrás el IDAE sorprendía al sector con las conclusiones de un estudio en el que se apuntaba que “ocho de cada diez edificios derrochan energía”.

Al clasificar el parque inmobiliario existente en clases: A, B, C, D, E, F o G, se ha observado por parte de los técnicos del Ministerio de Industria que un 84% de ellas pertenecen a las tres clasificaciones de eficiencia más bajas (E, F o G). Un hecho propiciado por el boom inmobiliario de los años 90 que estuvo regulado por una Norma Básica de Edificación de Condiciones Térmicas de los edificio (NBE-CT79), menos estricta desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia energética.

El pasado mes de febrero tuvo lugar en Madrid, un encuentro de grandes empresas con sede en España, para compartir medidas de política ambiental y, a la vez, estudiar retos de sostenibilidad en el objetivo de cumplir la normativa de la Unión Europea.

Entre los grandes objetivos que se han marcado algunas de estas empresas, están el de reducir progresivamente las emisiones generadas en la fabricación de sus productos para llegar a reducirlas el 90% para 2050.

El certificado energético de viviendas, cuya utilidad describí en este post del mes de diciembre, es un documento obligatorio desde junio de 2013 en el caso de ir a alquilar o vender un inmueble. Gestionado por las Comunidades Autónomas, su expedición no parece haberse generalizado, al ser el documento poco valorado tanto por propietarios como por inquilinos o compradores.

El certificado energético de viviendas sigue siendo un documento desconocido, o incluso temido, por la mayor parte de los ciudadanos. Obligatorio desde el 1 junio del año 2013 en el caso de ir a vender o alquilar una vivienda, este certificado es considerado por muchos como una tasa más, obviando las ventajas que disponer de él y entender su contenido conllevan.

El certificado energético incluye una etiqueta, en cierta manera análoga a la empleada en los electrodomésticos, que especifica en una escala de siete letras, de la A a la G, el nivel de emisiones globales de CO₂ derivadas del uso normal de la vivienda, siendo el indicador utilizado los kilogramos de CO₂ divididos por los metros cuadrados del inmueble (kg CO2/m2 al año).