Originalmente la pobreza energética fue definida en el Reino Unido por Brenda Boardman, a principios de la década de 1990, como la "incapacidad (para un hogar) de obtener una cantidad adecuada de servicios de la energía por el 10% de la renta disponible". A día de hoy este concepto se entiende como la imposibilidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para hacer frente a sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).
Este fenómeno, por su carácter doméstico, es prácticamente invisible tanto para las administraciones públicas como para ONGs, empresas y resto de actores relevantes. Sin embargo es una realidad creciente en nuestro país: según la segunda edición del "Estudio de Pobreza Energética" publicado en 2012 por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas es del 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas.